La intervención pública -actividad sometida a controversia-, ha sido alternativamente objeto de críticas y defensas, y los argumentos utilizados por los diferentes enfoques teóricos para justificar dicha intervención han servido al Estado, en numerosas ocasiones, para iniciar cambios en las políticas.
Por ejemplo, durante la década pasada el rol del estado a nivel mundial se vio influenciado por las corrientes predominantes promovidas dentro del afán progresista del Consenso de Washington, tales como la Nueva Gestión Pública (NGP) en destierro del modelo Burocrático Weberiano (garantista y subsidiario).
En esta corriente, nacida de las fuentes teóricas del Gerencialismo y el Public Choice, el marco de intervención del Estado se circunscribe a aquellas actividades que la Teoría Económica a determinado que existen fallas del mercado (fallo de competencia, información asimétrica, bienes públicos, externalidades, insuficiencia de mercado) y a la utilización de técnicas de la gerencia privada en el sector público, destacándose la incorporación del concepto de ciudadano-cliente, lo cual no se ha hecho sin una cierta polémica acerca de las connotaciones instrumentales y mercantiles que su uso encierra.
Otra corriente que en los últimos años a emergido en el panorama sobre todo de la Comunidad Europea, es la llamada corriente del Nuevo Servicio Público (NSP) que pone especial énfasis en el relanzamiento del concepto de ciudadano dotado de voz[1], con un discurso abierto y pluralista que legitime la administración pública y el sistema político. Como señala Mogollon [2]; en el entendido que ello no solo proviene de “marcos de eficiencia y eficacia” del sistema sino de “marcos de significado socialmente compartidos” congruentes no solo con la lógica de maximización sino de la lógica de lo apropiado, lo cual implica el reconocimiento de nuevos derechos con garantía a los ciudadanos a efectos de ser mas influyentes; y la reconstitución del espacio público y el interés colectivo, entre otros.
Ambas corrientes lejos de ser antagónicas, se aceptan en el presente complementarias, y son los elementos que dan el marco conceptual de lo que hemos venido en denominar “Meta Políticas Públicas”, tomando prestado dicho término de la mas reciente obra del filosofo francés Alain Badiou. Estas se definen como “aquellas políticas públicas de largo plazo y de carácter permanente, que agrupan una serie de iniciativas para mejorar la gestión del Estado que posibilitan la formulación y eficacia de otras políticas públicas, ya sean transversales y/o sectoriales tendientes a reducir los costos de transacción entre los ciudadanos”.
Con el desarrollo de las Meta Políticas el Estado mejora su capacidad[3] de lograr con eficiencia y eficacia su objetivo de brindar servicios públicos capaces de mejorar el bienestar de los ciudadanos o de no permitir que este empeore, como nos complazca entenderlo según nuestro tamiz ideológico.
En nuestro país, gran parte de los contenidos de dichas Meta Políticas se han venido construyendo, influidos por los avances en la materia propuestos por organismos internacionales como el BM, OECD, UE, ONU, OEA, BID, USAID, etc; pero sin un entendimiento estructurado o articulado, por ello aparecen mas bien como iniciativas aisladas sin coherencia Estratégica para la mayoría de la población y que es importante ordenar.
A nuestra consideración las Meta Políticas Públicas son cinco:
·
-Meta Política de Recursos Humanos
-Meta Política de Dirección Estratégica
-Meta Política de Tecnología y Comunicaciones
-Meta Política de Infraestructura Ética
-Meta Política de desarrollo Institucional
Meta política de Recursos Humanos.-
Se refiere a aquella gran política para profesionalizar el empleo público y gestionar el conocimiento en el servicio público. Ligadas a la primera se encuentran las políticas de carrera administrativa, de selección, acceso y permanencia en la administración pública, de capacitación (ESAP), de ascenso por meritocracia, de remuneración estandarizada, de evaluación del desempeño, establecimiento de órgano rector del empleo público (COSEP), Registro General de los servidores públicos del Estado, el Planeamiento de los recursos Humanos (CAP), el paradigma de liderazgo de los servidores públicos, etc. Ligadas a la segunda, se encuentran las de desarrollo del capital intelectual, de innovación, cultura cívica y capacidad social (capacity building), medio ambiente social y sicológico, pensamiento sistémico, etc.
Meta política de Dirección Estratégica.-
Se refiere a aquella gran política que abarca todas aquellas ligadas al Planeamiento Estratégico y la estructura del Estado. Ligadas a la primera se encuentran los temas referidos a los Presupuestos del Estado, el Plan General de Gobierno, la formación de un ente director (CEPLAN), al control y evaluación de las políticas públicas, a la aprobación y control de los proyectos de inversión pública(SNIP), a la evaluación de calidad de los servicios públicos, el mejoramiento de instituciones reguladoras, el sistema de inteligencia estratégica, etc. En el segundo tema se refiere a los temas que tienen que ver con la estructura del Estado, es decir la simplificación y flexibilidad del aparato estatal, la descentralización y regionalización (CND), la integración campo-ciudad, la comunicación ciudadana, la duplicidad de funciones, el modelo de Estado Moderno, el análisis de estructuras formales e informales y relaciones de poder, compras estatales, procedimientos administrativos, etc.
Meta política de Tecnología y Comunicaciones.-
Se refiere a aquella gran política que abarca todas aquellas ligadas al desarrollo y promoción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), como el desarrollo del gobierno electrónico, ventanilla única, portal del Estado, compras electrónicas, Sistemas de información para la gestión, sistemas de administración financiera (SIAF), infraestructura de telecomunicaciones en zonas no atendidas, desarrollo de redes troncales, incorporación de las TICs en la educación, investigación tecnológica, etc.
Meta política de Infraestructura Ética.-
Se refiere a aquella gran política que abarca todos aquellos elementos para una estrategia de lucha contra la corrupción en varios frentes, bajo un enfoque holístico. Los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia fiscal, de acceso a la información, códigos de ética, mecanismos de control y transparencia política, presupuestos participativos, Sistema Judicial independiente, la eficacia de las leyes, el papel de los jueces, fiscales, procuradores y Policía Nacional, los órganos de control estatal (contraloría), la formación de lideres, la responsabilización, las agencias independientes de lucha contra la corrupción, medios de comunicación independientes, libres y promotores de la ética, Juzgados electorales independientes, principios de buenas practicas administrativas, sistemas de reclamos y quejas, políticas de competencia, encuestas de medición de la percepción ciudadana, etc.
Meta política de desarrollo Institucional.-
Se refiere a aquella gran política que abarca todas aquellas ligadas al afianzamiento de las instituciones[4] que permitan una adecuada gobernabilidad y generen confianza ciudadana en la democracia como sistema político. Reformas del Poder Legislativo, mecanismos de participación ciudadana, política cultural y deportiva, desarrollo de valores patrios, urbanismo y movilidad, protección del medio ambiente (desarrollo sostenible), reducción de la exclusión social, seguridad ciudadana, igualdad y no discriminación, Código de Buen Gobierno, cartas ciudadanas, defensa del consumidor, instancias de deliberación y concertación, derechos de propiedad, defensoría del pueblo, sociedad civil fuerte, el Acuerdo Nacional, etc.
Estas meta políticas se desagregan en iniciativas que algunos han llamado de segunda generación y otros de Modernización del Estado, aunque este último término es incompleto, y que el próximo gobierno debe seguir apoyando y desarrollando.
En cuanto a las políticas transversales y sectoriales, estas deben ser implementadas escuchando la “voz” de los ciudadanos y sus necesidades, ya que el momento de quiebre ha llegado y es impostergable balancear la eficiencia con la equidad. Piloto automático sí, en lo que significa la eficiencia, pero manejo fino en lo que respecta a la equidad.
Las próximas políticas públicas deben centrarse no solo en la reducción de la pobreza, entendiendo esta como una externalidad negativa del proceso de desarrollo de los mercados que debe ser menguada (residual)[5], tal como han dejado traducir algunos ministros de economía y sus asesores a partir de los noventa, sino mas bien como una estrategia de generación de riqueza (generar empleo decente es mas complejo) donde los pobres sean los protagonistas de su propio desarrollo y mejora intergeneracional, de lo contrario seguiremos escuchando en el futuro los cantos de sirena de propuestas poco adaptadas al entorno actual y que ponen en riesgo la democracia.
[1] Si en la Nueva Gestión Pública el concepto primordial es el de cliente, en similar posición a la que se suscita en el mercado, el cliente tiene la posibilidad de salirse o cambiarse, y ello no siempre es posible en el marco de los Servicios Públicos. Por esta razón, para el Nuevo Servicio Público el concepto de ciudadano es mas valido, dotándolo de “voz”, si bien no de salida.
[2] María Teresa Magallón Diez: La implementación de la Nueva Gestión Pública a partir del enfoque Neoinstitucionalista: entre la eficiencia y la legitimidad. Documentos del CLAD. 2004.
[3] En un contexto individual y organizacional algunos autores le llaman la capacidad de producción en contraposición a la producción misma (P/CP). “Los 7 Hábitos de la gente altamente efectiva” Sean Covey. 1999.
[4] Este término no debe entenderse desde el punto de vista jurídico de organizaciones sino como lo asume de forma mas amplia la escuela de la llamada Nueva Economía Institucional, como el conjunto de restricciones diseñadas por los humanos para dar forma a la interacción humana, que pueden ser formales (por ejemplo, reglas, leyes, constituciones), o informales (por ejemplo, normas de comportamiento, convenciones, códigos de conducta autoimpuestos) y sus respectivas características impositivas. Para mayor detalle Ver Douglass C. North.
[5] Por ello siempre hemos escuchado el concepto de Gasto Social, cuando destinar recursos a los mas pobres debería tratarse de una inversión en capital humano.
