Al respecto, debemos decir que a nuestro entender, es el mismo Estado capturado, el que ha establecido en los reguladores la consigna de no obstaculizar al sector empresarial, así que señalar ahora que no abusen resulta demagógico. Además, recién el año pasado se introdujo modificaciones a las normas legales que mejoraban las existentes, es decir que no es por falta de normas que no se protege adecuadamente a los consumidores.
Normalmente, una buena política de defensa del consumidor debe tomar en cuenta, al menos, cuatro aspectos: derecho a productos y servicios seguros, derecho a ser informado, derecho a elegir, derecho a ser escuchado. Estos principios se adoptaron universalmente desde la década del sesenta, a los cuales se han añadido muchos otros, sin embargo un elemento esencial que cruza todo ello es la capacidad y voluntad para identificar y sancionar cuando corresponda el mal funcionamiento de los mercados de consumo.
Algo en lo que he insistido desde hace varios años y siempre lo comento con mis alumnos universitarios, incluso alguna vez se lo comenté a un conocido, que hoy es jefe de una entidad reguladora, es la necesidad de que el Estado aliente la creación de Organizaciones de Consumidores.
Es el Estado el llamado a dar el impulso necesario para el nacimiento de estas asociaciones, al menos durante los años iniciales. No se trata de que INDECOPI diga que esta resolviendo 250 mil denuncias al año, ya que la cifra es pequeña comparada con lo que realmente ocurre en un mercado como el nuestro donde se presentan todas las condiciones para el abuso y un alto oportunismo (Estado poco eficiente, corrupción, educación de baja calidad, desigualdad, informalidad, concentración, etc.), sino de que se busquen mecanismos para que los propios consumidores se defiendan y aún más se puedan informar mejor antes de comprar.
En varios países Europeos, el propio Estado es quien solventa parte de la actividad de las organizaciones de consumidores. Sin ir muy lejos lo mismo ocurre en Chile, donde el SERNAC (símil de INDECOPI) tienen un fondo concursable para estas organizaciones, con lo cual ha logrado pasar de dos en el año 2004 a mas de sesenta el día de hoy. Además, en el mundo desarrollado, promueven por muchos medios el derecho a la información. Por ejemplo, la Comunidad Europea tienen una comisión especial para este tema, cuyo "sistema de control comunitario de intercambio rápido de información para productos de consumo no alimenticios" – RAPEX (que funciona desde el 2004), sirve para informar mejor a los consumidores.
En Estados Unidos existen miles de asociaciones de consumidores y con gran poder para presionar hacia una situación más equilibrada en los intercambios entre consumidores y proveedores. Claro que, tampoco se trata de tener decenas de asociaciones chiquitas, ya que deben ser lo suficientemente importantes para que puedan sostenerse solas y pelear a pie firme contra el abuso.
En el Perú aún estamos muy por debajo del número óptimo.
Otro aspecto interesante, es ver que el tema de defensa de los consumidores, derechos de propiedad y la competencia en los mercados está prácticamente dominado por el pensamiento jurídico. Soy consciente que en el Perú los primeros que trajeron a la luz pública el tema de los derechos del consumidor fueron los abogados, pero entendamos que este no es solamente un tema jurídico sino también económico. ¿Cómo funciona el tema en el Perú? Pues como lo ven los abogados.
Cuando se da un conflicto recién actúo, es decir, una actuación ex post (los abogados son litigantes por su naturaleza profesional). Por ello, cuando INDECOPI interviene, su enfoque es de resolución de conflictos, y lo peor es que lo mismo se puede decir de la líder, por ahora indiscutible, de las asociaciones en el Perú; ASPEC (casi la única diríamos) que obtiene sus recursos principalmente de la representación en casos de denuncia. Así no se avanza.
Los economistas e ingenieros, más bien buscamos ex ante mecanismos que eviten los problemas, o mejor dicho hacer que los mercados funcionen mejor.
Descubrir las formulas económicas de las empresas, identificar cuando sé esta extrayendo del consumidor el máximo excedente y ponerlo en lenguaje simple para que la gente entienda de que se trata y pueda elegir, más aún si ello reduce el bienestar social, que debería existir en un mercado de competencia. Ya es tiempo que dejemos de darle un tratamiento jurídico al tema, y los economistas e ingenieros participemos más en este campo.
La idea es avanzar hacia estudios comparativos y de evaluación económica, de la mano con estudios de laboratorio e investigación científica.
Yo recomiendo a los que dudan que exista un gran abuso a los consumidores en el Perú, que revisen la página http://www.quejasperu.com/, se darán cuenta de los problemas diarios que afrontan los consumidores en nuestro país.
Mucho podríamos hacer solamente con tecnificar las medidas de comprobación, normalización y estandarización, ya que ni siquiera las balanzas se controlan en nuestro país.
Como extraño aquello cuando vivía en España, de que cuando había algún problema de servicio solo debía mencionar que me trajeran una hoja de reclamación y saltaban hasta el techo con ello, más aún si se trataba del sector público y claro porque la responsabilidad está claramente definida y recae directamente sobre el funcionario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escriba aqui sus comentarios...